Es el conjunto integral de datos clínicos, sociales y económicos, referidos a la salud de una persona, desde su nacimiento hasta su muerte, procesados a través de medios electrónicos, siendo el equivalente funcional de la historia clínica papel.

Específicamente en materia de intercambio de información clínica, la Ley N° 19.355, de 30 de diciembre de 2015, el artículo 466, habilita el intercambio de información clínica con fines asistenciales entre las instituciones de salud públicas y privadas. Recientemente el Decreto N° 242/017, de 31 de agosto de 2017 reglamentó el artículo antes citado regulando la Historia Clínica Electrónica y la Plataforma de Historia Clínica Electrónica Nacional.

Si, el Decreto establece la obligatoriedad de que las Instituciones de Salud Públicas y Privadas lleven las historias clínicas en formato electrónico manteniendo todos los derechos para el usuario tal como existían en el soporte papel.

Es la infraestructura tecnológica y de servicios que permite la conectividad de los diferentes sistemas de información del conjunto de Instituciones con competencias legales en materia de salud, públicas y privadas, con el objetivo de intercambiar información clínica.

Si, el Decreto N° 242/017 establece la obligación de que las Instituciones de salud públicas y privadas se integren a la Plataforma a los efectos de permitir el intercambio de información clínica en los casos legalmente autorizados.

No, el acceso a la información clínica se producirá únicamente con fines asistenciales, en presencia del paciente, en casos de emergencia o por razones de salud e higiene públicas. La Plataforma no almacena datos de las HCE sino simplemente contiene un registro de los eventos de salud ocurridos en cada Institución donde el usuario se haya atendido. La información permanece en cada Institución, quién es custodio de ésta.

Sí, las personas quedan incorporadas a este sistema a través del registro de su información por parte del prestador de servicios de salud.

Toda persona, en cualquier momento, podrá oponerse al acceso a su información clínica a través de la Plataforma de Historia Clínica Electrónica Nacional, manifestación que será revocable. Esta oposición impedirá el acceso a la información clínica, salvo en las excepciones legalmente previstas. Este derecho puede ejercerse accediendo a la sección Mi Perfil del portal del Estado uruguayo: https://www.gub.uy/

Es la orden expedida por persona habilitada para que una cantidad de cualquier medicamento o mezcla de medicamentos en ella especificados sea dispensada al portador o persona determinada.

Sí, son un documento electrónico y cuentan como tales con plena validez legal de acuerdo con la Ley Nº 18.600, de 21 de setiembre de 2009.

Si, además del reconocimiento ya establecido en la Ley N° 18.600, el artículo 467 de la Ley N° 19.355 dispuso expresamente que la receta médica electrónica se considera plenamente admisible, válida y eficaz siempre que cumpla con los siguientes contenidos mínimos: forma farmacéutica, posología, vía de administración y concentración del medicamento implicado, identificación del prescriptor, identificación del usuario y vigencia en función de la fecha de expedición de la receta.

Asimismo, se encarga al Poder Ejecutivo la reglamentación de los procesos electrónicos para la prescripción, la expedición y el control de las recetas electrónicas de estupefacientes y psicofármacos.

Sí, puede imprimirse considerándose como una copia papel de un documento electrónico.

Sí, en ese caso, la receta médica electrónica debe contar con firma electrónica avanzada de la institución emisora a los efectos de contar con el mayor grado de certeza posible, siendo considerada documento público o privado con firmas certificadas.

Más información sobre receta médica electrónica en Uruguay, Descargar marco legal de receta médica electrónica.

Son los datos en forma electrónica anexos a un documento electrónico o asociados de manera lógica con el mismo utilizados por el firmante (personas físicas o jurídicas) como medio de identificación.

La firma electrónica avanzada es una firma electrónica que emplea un certificado expedido por un prestador de servicios de certificación acreditado ante la Unidad de Certificación Electrónica. Ofrece, por tanto, amplias garantías en cuanto a la seguridad digital y a la identidad del otorgante.

Se encuentra regulada en la Ley Nº 18.600, de 21 de setiembre de 2009. La mencionada Ley prevé dos tipos de firmas electrónicas: la firma electrónica común y la avanzada. Es posible utilizar una u otra, la diferencia radica en el grado de seguridad que se requiera y los efectos que se quiera dar al documento que se firma.

El documento firmado con firma electrónica común tiene efectos entre las partes que la utilizan, o frente a un tercero cuando el documento es aceptado.

El documento firmado con firma electrónica avanzada, tiene idéntica validez y eficacia jurídica que la firma manuscrita puesta en documento público o privado con firmas certificadas.

El valor depende del tipo de firma electrónica que sea utilizada por el profesional, común o avanzada, de acuerdo con el grado de seguridad requerido y del efecto que se quiera dar al documento. Por ejemplo, la utilización de usuario y contraseña tiene valor como firma electrónica común.

Los datos de salud y la historia clínica en formato papel o electrónico tienen una enorme importancia para las personas, porque son instrumentos necesarios para garantizar la correcta asistencia sanitaria y por ende están relacionados íntimamente con la vida y la protección de la salud. Cuidar y almacenar esos datos en ambientes seguros es una obligación a cargo de quienes los tratan y a la vez un derecho de los pacientes y usuarios del sistema de salud.

Si, la Ley de Protección de Datos Personales Nº 18.331, de 11 de agosto de 2008, como en la Ley Nº 18.335, de 15 de agosto de 2008, consagra el derecho a la protección de datos personales y otorga un tratamiento especial a estos datos, requiriendo, salvo excepciones establecidas por ley, consentimiento informado para su tratamiento. Este consentimiento que otorga el usuario del sistema de salud, debe ser libre, previo, expreso e informado y además debe documentarse.

Los datos personales relacionados con la salud son aquellas informaciones concernientes a la salud pasada, presente o futura, física o mental, de una persona. Entre otros, se consideran datos relacionados con la salud de las personas los referidos a su porcentaje de discapacidad o a su información genética.

Pueden recabarse los datos relativos a la salud física o mental de los pacientes o usuarios que acudan a los establecimientos sanitarios públicos o privados o a los profesionales vinculados a las ciencias de la salud, respetando los principios del secreto profesional y la normativa de protección de datos personales.

Los datos de salud no pueden ser tratados sin el consentimiento del interesado, salvo en los casos que éstos sean recabados o tratados cuando medien razones de interés general autorizadas por Ley o cuando el organismo solicitante tenga mandato legal para hacerlo. Por ejemplo, en situaciones de emergencia o para la realización de estudios epidemiológicos.

También podrán ser tratados con finalidades estadísticas o científicas cuando se disocien de sus titulares.

Los pacientes o usuarios del sistema de salud tienen derecho a acceder a sus datos, solicitar su rectificación, actualización o supresión al constatarse error o falsedad.

No, porque la historia clínica, escrita o electrónica, debe ser completa y debe figurar en ella la evolución de su estado de salud desde el nacimiento hasta la muerte.

No, es reservada, y sólo pueden acceder los responsables de la atención médica y el personal administrativo vinculado con éstos, o en su caso la familia y el Ministerio de Salud Pública cuando lo considere pertinente.

Las personas que acceden a la información, por ejemplo, para el cumplimiento de funciones administrativas en una institución, están obligadas a utilizarla en forma reservada y exclusivamente para las actividades correspondientes, estando prohibida toda difusión de la misma a terceros.

La revelación de algún contenido de la historia clínica cuando no es necesario para el tratamiento, o no medie orden judicial, puede implicar la comisión del delito de revelación de secreto profesional regulado en el artículo 302 del Código Penal.

No, la historia clínica es reservada pero no ante el médico tratante, quien puede acceder a su contenido para brindar el tratamiento que entienda necesario. El paciente o usuario tiene la obligación de suministrar al equipo de salud información cierta, precisa y completa de su proceso de enfermedad.